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La autoridad electoral de Venezuela elimina la elección directa de diputados indígenas | Internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se cruza mientras ejerce su voto en las últimas elecciones presidenciales, en Caracas el 20 de mayo de 2018.Ariana Cubillos / AP

La apresurada convocatoria a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela continúa. Él Consejo Nacional Electoral (CNE) designado unilateralmente por la Corte Suprema, similar al chavismo, comenzó los preparativos para celebrar las elecciones de contrarreloj en las que se renovará la Asamblea Nacional, la piedra en el zapato de Nicolás Maduro durante cinco años, cuando la oposición logró mantener la mayoría de los escaños. El Parlamento es hoy la plataforma desde donde Juan Guaidó lucha por lograr una transición política y la partida del gobierno de Maduro. En medio de este proceso, la apertura del registro de nuevos candidatos en un país en cuarentena debido al aumento de casos de en covid-19, la agencia continúa haciendo reformas legales que ponen en peligro demandas como la elección directa de los pueblos indígenas y el derecho al voto universal y secreto garantizado por la Constitución venezolana.

El Consejo Nacional Electoral elaboró ​​una nueva regulación para la elección de diputados indígenas a la Asamblea Nacional. Ante testigos de organizaciones indígenas candidatas y del cuerpo electoral, La votación se tomará de la mano en las asambleas comunitarias a través de un sistema de delegados, quien luego elegirá a los diputados en la votación de segundo grado, en nombre de las comunidades. Este sistema de delegados por sectores ya se usó en la elección cuestionada del Asamblea Nacional Constituyente, un organismo que opera sin una presencia de oposición como el brazo legislativo del Gobierno. El resto del país, por otro lado, votará directamente y a través de las máquinas.

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La modificación de la norma viola la Ley de Procesos Electorales que establece que no debe haber modificaciones en los seis meses anteriores. Cuando faltan poco más de cuatro meses para la votación, las reglas del juego están cambiando. La nueva rectora de la autoridad electoral, Indira Alfonzo, ya había modificado la conformación del Parlamento, aumentando el número de miembros de 167 a 277, en supuesto acuerdo con las proyecciones del aumento de la población, aunque estudios recientes como el Encuesta de condiciones de vida de venezolanos Señalan que se ha reducido. Ante el aumento de los diputados, los escaños asignados a los representantes indígenas continúan siendo tres, perdiendo peso dentro del foro legislativo, con un premio general que otorga más representación al voto en las listas que el voto nominal. Los pueblos indígenas, según el último censo de 2011, representan el 2.8% de la población, unos 800,000 venezolanos que pertenecen a 44 grupos étnicos.

Alfonzo proviene de ocupar la presidencia de la Cámara Electoral del Supremo, desde donde impidió en 2016 la juramentación de los tres diputados indígenas del estado de Amazonas por los desafíos al proceso que aún no ha sido resuelto por ese tribunal y que han servido como argumento al chavismo para indicar el supuesto desprecio de la Asamblea, luego de que decidió incorporarlos en 2017. Los cambios ya han generado el rechazo de algunas organizaciones indígenas. Desde el Comité de Derechos de la Guajira indicaron que El voto a mano alzada expone a “los hermanos y hermanas indígenas a revelar su posición abierta y públicamente ante los supuestos defensores de sus derechos colectivos, adscritos al gobierno nacional, restringiendo así el derecho a elegir a sus representantes sin ninguna forma de coerción o intimidación. «

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El camino hacia los parlamentarios ha continuado a pesar de las preguntas planteadas por la oposición y la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y el llamado Grupo de Contacto Internacional, formado para mediar en la crisis política venezolana. El CNE se renovó mediante la laminación de la participación de la Asamblea, a quien corresponde esa facultad. Tampoco tiene una conformación equilibrada en sus extremidades.

En el último mes, Chavismo se alineó contra los principales partidos de oposición, reemplazando sus directivas, a través de sentencias de la Corte Suprema, con líderes más relacionados con el Gobierno. Este proceso ha sido apoyado por la Mesa de Diálogo Nacional, un pacto que el chavismo arregló el año pasado con un sector minoritario de la oposición, además de participar en las negociaciones patrocinadas con Noruega con representantes de Juan Guaidó, conversaciones que intentan reanudar.

El escenario parece un ya visto de las anticipadas elecciones presidenciales de mayo de 2018, que desataron la crisis de legitimidad de Maduro. A medida que avanza el proceso, el Parlamento que se elige en diciembre, y que debe instalarse el 5 de enero de 2021, tendría los mismos defectos de origen. La presidencia del líder del chavismo, elegido en un proceso defectuoso, que también excluyó a la mayoría de la oposición, y no fue reconocido internacionalmente. La continuidad más allá de diciembre del actual cuerpo de diputados bajo el mando de Guaidó, todavía reconocido como presidente interino por casi 60 países, es una tesis que se ha propuesto tímidamente, pero que en sí misma abre un nuevo círculo de conflicto en la institucionalidad ya enrevesada del país.

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